A VUELTAS CON LA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

Estos últimos días hemos conocido la existencia de un informe elaborado, a instancias del Ayuntamiento de Córdoba, por una serie de expertos (Federico Mayor Zaragoza, entre otros), que defiende la tesis de que la Iglesia Católica no puede ser la propietaria de la Mezquita-Catedral, y en base al cual el Ayuntamiento se plantea entablar un procedimiento judicial (vía recurso ante el Constitucional, vía jurisdicción ordinaria) para anular el procedimiento “de inmatriculación” que llevó a cabo, hace unos años, el Obispado de Córdoba.
Vayamos por partes.
¿Qué es la inmatriculación?
Es el primer acceso de una finca al Registro de la Propiedad. SANZ la define como “la primera inscripción de dominio de una finca, hecha en el Registro, sin conexión alguna con fincas ya inscritas” (ELEMENTOS DE Dº HIPOTECARIO, Lino Rodríguez Otero, Tomo I, pág. 289, DIJUSA 2003, 2ª edición).
Medios inmatriculadores.-
La Ley Hipotecaria (arts. 203 y siguientes) regula varios: el expediente de dominio, dos títulos públicos, etc. Pero nosotros vamos a hacer referencia tan sólo al regulado en el ARTÍCULO 206.
Decía este artículo, antes de su actual redacción, que “El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que formen parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan de título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos …”
En el caso de la Iglesia, y según el artículo 304 del Reglamento Hipotecario, las certificaciones las expide el Diocesano respectivo.
Y el artículo 207 decía que estas inscripciones de inmatriculación no surtirían efectos respecto de tercero hasta transcurridos dos años desde su fecha.

Posteriormente, en el año 2.015 (Ley 13/2015, de 24 de junio), se reforma la Ley Hipotecaria y el citado artículo 206 queda con la siguiente redacción: “1. Las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de aquéllas podrán inmatricular los bienes de su titularidad, mediante la aportación de su título escrito de dominio, cuando dispongan de él, junto con certificación administrativa librada, previo informe favorable de sus servicios jurídicos, por el funcionario a cuyo cargo se encuentre la administración de los mismos …” Con lo que la Iglesia Católica deja de contar con este procedimiento para poder inmatricular.

La Exposición de Motivos (que siempre recomiendo leer cuando aparece algún texto legal) dice: “Es destacable la desaparición de la posibilidad que la legislación de 1944-1946 otorgó a la Iglesia Católica de utilizar el procedimiento especial que regulaba aquel artículo. La autorización para que la Iglesia Católica utilizara aquel procedimiento ha de situarse en un contexto socioeconómico muy diferente del actual, influenciado aún por los efectos de las Leyes Desamortizadoras –a las que el Reglamento Hipotecario dedica todavía cuatro artículos– y la posterior recuperación de parte de los bienes por la Iglesia Católica, en muchos casos sin una titulación auténtica. Pero la desaparición progresiva de las circunstancias históricas a las que respondió su inclusión, así como el transcurso de un tiempo suficiente desde la reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 que ya permitió la inscripción de los templos destinados al culto católico, proscrita hasta entonces, unida a la facilidad y normalidad actual, en una sociedad desarrollada, con una conciencia exacta del valor de los inmuebles y de su inscripción en el Registro de la Propiedad, que posibilita la obtención de una titulación adecuada para la inmatriculación de bienes, hacen que se considere que la utilización de este procedimiento especial por la Iglesia Católica, teniendo su razón de ser indiscutible en el pasado, sea hoy innecesaria.”

Espero que estas notas sean de alguna utilidad, al menos para poder realizar un mejor análisis del torrente informativo que recibimos a diario de los medios de comunicación.

La gestación subrogada

La gestación subrogada (a la que comúnmente nos referimos con la expresión “vientre de alquiler”) es aquélla en la que una mujer gesta un hijo para otra persona.

En estos últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de los problemas que tienen varias familias españolas en Ucrania, país donde la maternidad subrogada es legal y al que acudieron para tener un bebé por este procedimiento.

Sin entrar en consideraciones éticas (son muchas y controvertidas las opiniones al respecto), vamos a exponer brevemente cuál es la situación actual en nuestro país:

.- La Ley 14/2.006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, considera NULO DE PLENO DERECHO el contrato por el que se convenga una gestación subrogada. No es admisible, pues, la inscripción del nacimiento en virtud de este contrato de gestación donde la madre gestante renuncie a su filiación materna.

.- La filiación, por tanto, vendría determinada por el parto.

.- Sin embargo la Ley 14/2.006 establece que queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad que pueda ejercitar, en su caso, el hijo o el padre biológico.

En la práctica, una vez demostrada la paternidad biológica, se podía registrar al bebé con la filiación paterna acreditada; y así se podía obtener en el Consulado un pasaporte español provisional para el recién nacido y, de esta forma, poder regresar a España con el bebé. Posteriormente, la madre (no gestante) emprendía un proceso de adopción en España. ¿Qué problema ha surgido en el Registro civil consular de Kiev? Que el Consulado ha paralizado este procedimiento alegando que la nueva normativa europea sobre protección de datos impide practicar la prueba de ADN a los niños nacidos, para demostrar así su filiación paterna.

Por su parte, la Dirección General de los Registros y del Notariado, “pese a que, como se ha indicado, la legislación española regula otras vías legales que permiten la atribución de paternidad del nacido”, en ejercicio de sus competencias y para establecer unos criterios de acceso al Registro Civil Español de los nacidos por este procedimiento, dictó la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de fecha 5 de octubre de 2.010 (B.O.E. nº 243, de fecha 7 de octubre de 2.010) con estas directrices:

.- Sólo podrá inscribirse en el Registro Civil el nacimiento de un menor nacido en el extranjero por este procedimiento de gestación, presentando resolución judicial dictada por Tribunal competente en la que se determine la filiación del nacido. La Instrucción establece los requisitos que debe reunir dicha resolución judicial para su eficacia en España.

.- No se admitirá en ningún caso: certificación registral extranjera ni certificado médico de nacimiento en el que no se haga constar la identidad de la madre gestante.

https://www.boe.es/boe/dias/2010/10/07/pdfs/BOE-A-2010-15317.pdf

Por último recomendar la lectura del trabajo del notario, Luis F. Muñoz de Dios Sáez, en la revista “El Notario del Siglo XXI” (nº 79, mayo-junio 2.018), donde encontramos referencias jurisprudenciales del Tribunal Supremo, reticente a la gestación subrogada en prevención, entre otras, de situaciones de explotación de mujeres en estado de precariedad económica, y a la Proposición de Ley reguladora de la gestación subrogada presentada por Ciudadanos.