revocacion de donaciones por causa de ingratitud

Revocación de donaciones por causa de ingratitud

Dice el Código Civil en su artículo 648:

«También podrá ser revocada la donación, a instancia del donante, por causa de ingratitud en los casos siguientes:

1.º  Si el donatario cometiere algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante.

2.º  Si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe; a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituídos bajo su autoridad.

3.º Si le niega indebidamente los alimentos.»

Pues bien, la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de julio de 2.015, ha estimado parcialmente el recurso de casación interpuesto por unos padres que demandaron a su hija para revocar, por causa de ingratitud, una donación realizada en favor de su hija, reiterando su doctrina de una interpretación laxa del artículo 648.1 del Código Civil: » debe entenderse como causa de revocación la existencia de una conducta del donatario socialmente reprobable que,  revistiendo caracteres delictivos,  aunque no estén formalmente declarados como tales, resulte ofensiva para el donante. Esta interpretación, contraria a la mantenida por la Audiencia Provincial, aplicada al caso conlleva la casación de la sentencia,  al estar acreditado el maltrato de la hija hacia sus padres mediante diversos episodios de trato despectivo y humillante que culminaron con una bofetada e insultos e injurias graves.»

En resumen, no es precisa la existencia de una sentencia penal  condenatoria; basta la prueba de una «conducta socialmente reprobable que revista caracteres delictivos».

Los notarios apuestan por la transparencia

El Consejo General del Notariado (CGN) ha puesto en marcha el Programa Transparencia con el objetivo de mejorar la información precontractual de los préstamos y créditos hipotecarios contribuyendo, así, a garantizar la protección jurídica del consumidor y a asegurar la libre elección de los notarios por los ciudadanos. Cajasiete fue  la primera entidad financiera en  adherirse a éste programa, si bien el objetivo es extender el mismo al mayor número de entidades posibles a cuyo fin se dirigen las actuales negociaciones.

¿A quién beneficia éste programa? 
El Programa beneficia -en primer lugar- al consumidor quien, al contar con el asesoramiento, gratuito y con tiempo suficiente, de un Notario de su elección podrá llegar a una adecuada comprensión de los términos de su contrato. Pues es una realidad que el excesivo tecnicismo del lenguaje empleado dificulta -a quienes no están familiarizados con el mismo- el correcto entendimiento del contenido de las condiciones redactadas por los bancos. Pero el programa también beneficia a las entidades financieras que se adhieran al mismo, pues estas podrán contar con la garantía de que el consumidor conoce perfectamente la oferta, evitando – de éste modo-  futuras demandas que puedan finalizar en una declaración de abusividad que conlleva un alto coste económico y de reputación.

¿Cómo funciona el programa?
Primero, los clientes que soliciten de una entidad adherida al programa- un préstamo o un crédito hipotecario, recibirán una clave telemática. Segundo, esa clave la podrán remitir a un Notario de su elección a fin de que éste pueda acceder al expediente en el que ha de figurar la oferta vinculante y los demás documentos relacionados. Tercero, a continuación el notario procederá a estudiar la oferta y ofrecerá al consumidor su asesoramiento imparcial y gratuito. Además, le entregará un formulario con una serie de preguntas para asegurarse de que ha comprendido los términos esenciales de la hipoteca.

¿Cual es la finalidad de éste programa?
Con esta iniciativa, se desea reforzar el  papel del notario en la protección jurídica de los consumidores en el sistema hipotecario y contribuir a evitar la creciente judicialización de los préstamos hipotecarios. También se pretende garantizar contenidos transparentes, sin cláusulas abusivas, así como fomentar las prácticas leales y hacer efectivos derechos básicos del consumidor. Un claro exponente de lo que podríamos calificar como prácticas “poco transparentes” lo constituye la llamada  “cláusula suelo”. Una cláusula que los bancos incluían en aquellos contratos en los que se pactaban intereses hipotecarios variables (aquellos en los que el tipo de interés a pagar varía en función de la oscilación del Euribor, de modo que, si el Euribor, subía el interés a pagar sería mayor y si el Euribor bajaba, el interés a pagar también descendían) y por la cual, a pesar de que se redujera el Euribor se establecía un interés tope del que no se podía bajar.  Fueron numerosas, las personas que firmaron éste tipo de contratos lo que motivó – tras la importante sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 (que declaró nulas, por abusivas, las Clausulas Suelo) – un “alarmante aumento” del número de procedimientos provocado por la interposición de demandas relativas a estas cláusulas.

¿A qué tipo de contratos afecta este programa?   
Los notarios indican que, si bien, se centra exclusivamente en préstamos y créditos hipotecarios autorizados en escritura pública, no se descarta que pueda extenderse a otro tipo de préstamos.